El Gobierno ha decidido ampliar las ayudas para la compra de vehículos eléctricos y el achatarramiento en 50 millones de euros, que se suman a los 400 millones iniciales procedentes de los fondos europeos Next Generation, para cubrir solicitudes realizadas y no atendidas por falta de fondos.
El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la ampliación de los fondos para la transformación sostenible de las flotas de transporte en 50 millones de euros, que proceden del presupuesto del Ministerio de Transportes, y que se suman a los 400 millones iniciales del plan, procedentes de los fondos europeos Next Generation.
La ampliación del presupuesto tiene el objetivo de cubrir solicitudes de ayudas presentadas antes del 30 de abril (cuando finalizaba el plazo para solicitarlas) y que no han podido ser atendidas por falta de fondos.
Según datos del Ministerio de Transporte, el programa de transformación de flotas del Plan de Recuperación (posible gracias a los fondos Next Generation) ha recibido 12.000 solicitudes que suman 627 millones de euros, es decir, más de un 56% del presupuesto inicialmente previsto (400 millones de euros).
Es cierto, que casi el 100% de los fondos se han solicitado para achatarrar flota antigua (326,6 millones) y para adquirir vehículos pesados propulsados por energías limpias (291 millones) como la eléctrica, el hidrógeno o el gas natural.
Además del achatarramiento y la compra de vehículos propulsados por energías limpias, el programa de transformación sostenible del transporte incluye el retrofit (transformación del sistema de propulsión del vehículo para utilizar una energía alternativa), instalaciones de carga y semirremolques para autopistas ferroviarias.
Las ayudas estaban destinadas a empresas privadas de transporte de mercancías y viajeros y empresas de transporte privado complementario. Son las Comunidades Autónomas las que se han encargado de la gestión de estos fondos y son ellas las que tendrán que solicitar que se les transfiera la parte de esta ampliación que les corresponda para atender solicitudes realizadas antes del 30 de abril, y que no han podido ser atendidas con el presupuesto inicial de 400 millones. Son solicitudes que están en lista de espera, es decir, no se admiten nuevas solicitudes.
