Como os comentamos hace unas semanas, el 1 de julio han entrado en vigor peajes en cuatro carreteras más de Bizkaia. FENADISMER no duda en manifestar su rechazo por esta ampliación de peajes y «acusa a la Diputación de Bizkaia de simple afán recaudatorio».
FENADISMER, que siempre se ha mostrado contraria a cualquier peaje o tasa específica para el transporte por carretera, acusa a la Diputación de Bizkaia de afán recaudatorio en la ampliación de peajes que ha hecho a cuatro carreteras y que han entrado en vigor el 1 de julio, como ya os comentamos hace unas semanas.
Los peajes en las carreteras A8, BI-10, N-636 y BI-30 empieza a cobrarse a camiones a partir del 1 de julio y se suman a las otras dos vías que ya venía cobrando peajes desde principios de 2023, la N-240 y la BI-625.
Para los transportistas, según cálculos de la Federación, la imposición de estos peajes suponen un sobrecoste de 600 euros/mes por camión por el coste kilométrico que se calculará gracias los numerosos arcos de control que han puesto en estas vías y que va a afectar principalmente a los transportistas de la provincia.
Se trata de un peaje «free-flow», en los que el vehículo no para, se ha tenido que registrar antes en la web de la concesionaria y la lectura de la matrícula del vehículo al pasar por los arcos es suficiente. El coste está en función de la categoría a la que pertenezca el vehículo, su nivel de emisiones, etc.
Para FENADISMER el rechazo a estos peajes se explica, entre otras cuestiones por el hecho de que «el sector del transporte por carretera ya contribuye sobradamente vía impuestos al mantenimiento de las carreteras vizcaínas, como lo demuestra el hecho de que en dicha provincia se suministran anualmente casi 500 millones de litros de gasóleo A, principalmente procedentes de los vehículos de transporte, lo que le permite recaudar anualmente a la Diputación Foral nada menos que 150 millones de euros al año sólo por el impuesto de hidrocarburos.»
Además, considera la Federación, con esta política, la Diputación Foral de Bizkaia sigue una senda contraria a la manifestada por el Gobierno no estatal que ha manifestado reiteradamente que no va a a implantar peajes en las vías españolas a los camiones por ser una política negativa para la economía española en general ya que afectaría a las exportaciones.
