Ante las reiteradas quejas que recibe la Federación en toda España por el mal servicio prestado por la ITV, sobre todo en cuanto a demoras en los plazos para fijar fecha, FENADISMER afirma que las ITV darían mejor servicio si se liberalizara su gestión.
Hay Comunidades Autónomas, como Madrid, en las que la gestión de la ITV está liberalizada y la competencia hace que no haya problemas a la hora de obtener una cita para pasar la ITV. Pero, otras Comunidades prestan este servicio directamente a través de empresas públicas y otras lo hacen a través de empresas concesionarias.
El informe realizado por FENADISMER sobre el funcionamiento de todas las ITV de España ofrece una clara conclusión: las ITV públicas ofrecen plazos de demora excesivos, que pueden extenderse a dos meses de espera, frente a las ITV privadas.
A esta situación hay que añadir las recientes huelgas de las ITV tanto en Galicia como en Asturias que han dificultado aún más a los transportistas prestar sus servicios con normalidad.
El tener al día la ITV es obligatorio para poder circular por el territorio español, por lo tanto el servicio que ofrece la ITV es también obligatorio para los ciudadanos, lo que debería llevar a que su oferta fuera más o menos homogénea en todo el territorio español. Pero no es así, ni mucho menos, como ha podido constatar FENADISMER en su informe.
Solo la Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con el servicio de ITV completamente liberalizado, lo que permite la libertad empresarial y libre competencia y permite más oferta a los ciudadanos. Frente a Madrid, Andalucía, Asturias y la Comunidad Valenciana cuentan con una empresa pública, que ejerce el monopolio sobre la ITV que obligatoriamente deben pasar todos los titulares de vehículos, incluidos los camiones, autocares y furgonetas, por supuesto, lo que lleva a la ausencia de competencia y a una oferta escasa e inadecuada a las necesidades de las empresas de transporte.
El resto de las Comunidades Autónomas funcionan con un sistema de concesión a una empresa para que preste ese servicio, lo que no mejora la situación en relación con las tres Comunidades en las que la propia Comunidad gestiona el servicio, como sucede en Galicia o Asturias, donde las huelgas están llevando a suspender cientos de citas previas para pasar la revisión, lo que perjudica especialmente a las empresas de transporte que se ven obligadas a paralizar esos vehículos.
Vistos estos resultados, y la necesidad de garantizar la movilidad de las empresas de transporte, «FENADISMER ha acordado instar al Gobierno a que promueva las modificaciones legales necesarias para establecer la liberalización total de dicho servicio en todas las Comunidades autónomas, a semejanza de como está establecido en la Comunidad de Madrid, para garantizar de este modo una oferta suficiente y competitiva, que evite además que los usuarios se vean afectados por demoras o huelgas de los trabajadores de las estaciones de ITV públicas o en régimen concesional, afectando al cumplimiento de una obligación legal como es la de la revisión técnica de sus vehículos.«
