El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula las Zonas de Bajas Emisiones de la capital a la vez que está trabajando en una nueva Ordenanza que mejore los aspectos criticados en la sentencia. A su vez, las organizaciones empresariales de transporte madrileñas se felicitan por la sentencia y esperan que el Ayuntamiento se avenga a negociar con ellas una transición más justa para los autónomos y las pequeñas empresas.
La semana pasada os contábamos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid y las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección por no motivar el impacto económico que la introducción de estas medidas restrictivas podía tener con la población más vulnerable y especialmente con los autónomos y pequeñas empresas, a las que les es más difícil acceder a estas nuevas tecnologías.
El Ayuntamiento contaba con treinta días para recurrir la sentencia ante el Supremo y ya ha anunciado que es en lo que trabaja a la vez que el Área de Medio Ambiente trabaja en una Ordenanza de Movilidad mejorada, que subsane las carencias de la actual, que ha sido anulada.
Además, ha confirmado que mientras la sentencia no sea firme (y la va a recurrir) las Zonas de Bajas Emisiones, las cámaras y las restricciones, junto con las multas, siguen vigentes y aplicándose con todo su rigor.
Os recordamos que la Ley de Cambio Climático obliga a que todos los municipios a partir de 50.000 ciudadanos cuenten con Zonas de Bajas Emisiones para mejorar la calidad del aire, la realidad es que en España solo Madrid y Barcelona cuentan con esta protección propiamente dicha. Por no obviar que la Ley es un trasunto de la normativa comunitaria que establece unos mínimos y máximos de emisiones y una serie de criterios para fijar la calidad del aire de las grandes ciudades ,y que se contemplan multas cuantiosas que, tanto Madrid como Barcelona, han tenido que afrontar en el pasado, por no contar con políticas medioambientales reales que contribuyeran a disminuir las emisiones.
Madrid decidió con el equipo de Almeida, y tras recurrir la normativa establecida por el anterior Ayuntamiento denominado Madrid Central, establecer un nuevo sistema de restricciones, Zonas de Bajas Emisiones y Zonas de bajas Emisiones Especialmente Protegidas, que es bastante más restrictivo que el anterior, y mucho más amplio ya que abarca todo el municipio de Madrid, y que es cierto que ha contribuido a reducir los niveles de emisiones y mejorar la calidad del aire en la capital. Pero precisamente estas elevadas exigencias han dejado fuera, o están a punto de dejar fuera, a muchos autónomos y pequeñas empresas incapaces de transformar sus flotas en flotas cero emisiones.
Para el Ayuntamiento de Madrid, «Madrid es un modelo de éxito y es la ciudad menos contaminada de Europa además de una referencia absoluta» en términos de sostenibilidad y movilidad. Añade que «el Ayuntamiento no renuncia a este modelo que ha sido un modelo de éxito«, justo uno de los reproches que le hacen las organizaciones empresariales de transporte de la Comunidad que han emitido un comunicado conjunto. Entre estas organizaciones está FENADISMER Madrid que, como os hemos venido contando, ha sido siempre muy crítica con esta Ordenanza por considerar que deja fuera a muchos autónomos y pequeñas empresas que son incapaces de transitar a vehículos cero emisiones por el elevado coste que tienen y la escasa oferta, que no cubre todas las necesidades actuales.
FENADISMER y el resto de organizaciones estiman que, siendo necesario establecer Zonas de Bajas Emisiones, porque así lo exige la Unión Europea y porque es imprescindible para la salud de los ciudadanos, sin embargo todo podría haberse hecho de una manera menos restrictiva y más amable con los transportistas y con los ciudadanos mas vulnerables.
«Considerando que la sentencia aún no es firme y que los responsables políticos del Ayuntamiento ya han anunciado su intención de recurrirla en casación, así como de mantener las Zonas de Bajas Emisiones y las medidas restrictivas que las regulan, desde las asociaciones afectadas creen que ha llegado el momento de que escuchen las demandas del sector. El varapalo judicial sufrido al aprobar y mantener una normativa sin estudios previos de impacto económico correctamente desarrollados pone de manifiesto la necesidad urgente de dialogar sobre la viabilidad de la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid y sus consecuencias económicas en los colectivos más vulnerables, como empresas y autónomos vinculados al transporte profesional. Exigen también la asunción de responsabilidades por parte de aquellos responsables políticos y técnicos que han provocado esta situación«, en palabras de las organizaciones empresariales de transporte madrileñas.
