Tras varios intentos, anulados por el Tribunal Supremo por un «defecto de forma», todo parece indicar que Navarra ya podrá contar con sus propias competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos. Lo que implicará que podrá establecer sus propias restricciones y que su policía autonómica tendrá competencias para sancionar en materia de tráfico y circulación.
Además de varios intentos anteriores, la Comunidad Foral Navarra fijó restricciones en febrero de 2024 para la circulación de camiones en su territorio, que publicó en el Boletín Oficial de Navarra, pero que no llegaron a aplicarse porque fueron anuladas por el Tribunal Supremo.
Todo esto viene desde abril de 2023, cuando un Real Decreto entre la Junta de Transferencias de la administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra acuerda transferir competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos. El 1 de febrero publica en su boletín las primeras restricciones para camiones a partir de 7,5 Tn, que no llegan a publicarse en el Boletín Oficial del Estado, ya que el Tribunal Supremo en el mismo mes anula dichas restricciones, porque anula el traspaso de funciones a la Comunidad Foral Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos. La razón, un Real Decreto no puede acoger semejante traspaso de competencias, que implica, entre otras cosas, que la policía autonómica navarra podría sancionar en materia de tráfico (como son las restricciones), aunque sí pueden hacerlo en materia de transporte, ya que es otro tema diferente.
Pues bien, hace unos días, se ha publicado el Real Decreto 841/2024 de modificación de las funciones de la Administración del Estado traspasadas a la Comunidad Foral de Navarra por el Real Decreto 252/2023, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. De esta manera se da cumplimiento a las dos sentencias del Supremo en relación con este traspaso de competencias.
Este Real Decreto establece además que es a partir del 1 de julio de 2026 cuando la Comunidad Foral tendrá plenas competencias para imponer sanciones administrativas relacionadas con tráfico y circulación de vehículos. Como se necesita un acuerdo complementario al Acuerdo de traspaso, que habrá de adoptar la Junta de Transferencias, la competencia sobre infracciones y sanciones en materia de tráfico seguirá en manos de la administración del Estado (es decir, la Guardia Civil) hasta dicha fecha.
